C
Compartir
Seleccione un filtro
En Colombia, la corrupción se ha convertido en uno de los principales males estructurales que impiden el desarrollo equitativo, sostenible y justo de la sociedad. Desde los niveles más altos del poder hasta las interacciones cotidianas entre ciudadanos y el Estado, los actos corruptos parecen estar normalizados. Frente a este panorama, no basta con endurecer las penas o reformar los códigos penales. Es necesario ir más allá del síntoma y comprender la raíz del problema desde una perspectiva sociológica, donde la educación emerge como la herramienta transformadora fundamental. Este artículo propone una mirada crítica sobre cómo la educación no solo formal, sino también ética y cívica puede ser el pilar esencial para prevenir, combatir y reconfigurar el tratamiento jurídico de la corrupción en Colombia.
La Corrupción en Colombia: Entre la Costumbre y la Cultura
Diversos informes de Transparencia Internacional han ubicado a Colombia en posiciones preocupantes en cuanto a la percepción de corrupción. No obstante, más allá de los índices, la corrupción en Colombia debe ser entendida como una práctica sistémica, arraigada en las formas de relación social y legitimada por una cultura del atajo, el clientelismo y la impunidad.
Desde un enfoque sociológico, autores como Pierre Bourdieu y Max Weber permiten interpretar cómo las estructuras de poder, los habitus sociales y las racionalidades dominantes promueven la reproducción de comportamientos corruptos. No se trata únicamente de acciones ilegales individuales, sino de una red compleja de prácticas sociales que perpetúan desigualdades, obstaculizan el acceso a derechos y erosionan la confianza en las instituciones.
El Tratamiento Jurídico: Punitivismo Vs. Prevención
El sistema jurídico colombiano ha tratado la corrupción principalmente desde un enfoque punitivo. Se han tipificado delitos como el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito y la celebración indebida de contratos, entre otros. Sin embargo, esta respuesta ha demostrado ser insuficiente. A pesar de las sanciones, los niveles de corrupción no disminuyen significativamente, y la percepción de impunidad se mantiene.
Esta situación revela una desconexión entre el marco normativo y la realidad social. Muchos procesos judiciales quedan inconclusos, las investigaciones se dilatan y las penas rara vez se aplican de forma ejemplar. En este sentido, el derecho, al centrarse únicamente en el castigo, no logra prevenir ni transformar las condiciones que permiten el surgimiento de prácticas corruptas.
La Educación como Herramienta Transformadora
Frente a este escenario, la educación debe ser entendida no como un complemento, sino como el eje central de la lucha contra la corrupción. No hablamos solo de educación académica, sino de una educación ética, cívica y crítica que forme ciudadanos íntegros, conscientes de su papel social y capaces de cuestionar las estructuras de poder injustas.
El Papel del Estado y las Políticas Educativas
El Estado colombiano tiene la obligación constitucional de garantizar una educación de calidad, inclusiva y orientada a la formación ciudadana. Sin embargo, los recortes presupuestales, la precarización docente y la falta de continuidad en las políticas públicas han debilitado esta labor.
Se requiere una política educativa de Estado no de gobierno que priorice la formación ética, cívica y democrática. Además, debe promover alianzas entre el sector educativo, las organizaciones sociales y el aparato judicial para implementar programas de formación en integridad y lucha contra la corrupción en todos los niveles de la sociedad.
Hacia una Transformación Cultural y Jurídica desde la Educación
La corrupción en Colombia no se erradicará únicamente con más leyes o penas más duras. Se necesita una transformación cultural profunda, donde la educación ocupe el lugar que merece como base de la ética pública y de una ciudadanía activa y responsable. La educación, cuando se entiende como un proceso integral de formación humana, tiene el poder de cambiar mentalidades, cuestionar privilegios y generar nuevas formas de entender el poder y la justicia.
En este sentido, el tratamiento jurídico de la corrupción debe ir acompañado de una mirada sociológica y educativa que permita intervenir no solo en el hecho delictivo, sino en el entorno social que lo posibilita. Solo así podremos construir una Colombia más justa, transparente y digna.