El Estado Social de Derecho suele presentarse como el pilar del constitucionalismo contemporáneo y como garante de la justicia social, la equidad y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, una lectura crítica desde los estudios sociales de la religión invita a cuestionar su supuesta neutralidad y su pretendida universalidad. Bajo esta mirada, el Estado aparece no solo como un marco jurídico, sino como un dispositivo de soberanía que define formas de vida, regula la ciudadanía y delimita qué vidas merecen protección.
En el caso colombiano, esta relación se hace especialmente evidente. La construcción histórica del Estado Social de Derecho ha estado atravesada por una narrativa de moralidad y redención vinculada a la herencia católica y a la teología política de la salvación. Buena parte del lenguaje jurisprudencial reproduce nociones de perdón, misericordia y reconciliación, integrando códigos religiosos en el discurso legal y legitimando, desde lo moral, el ejercicio del poder estatal. De este modo, lo religioso opera como un soporte simbólico que orienta una pedagogía de obediencia civil y moldea las subjetividades ciudadanas.
Desde esta perspectiva, la modernidad estatal no eliminó lo sagrado: lo resignificó bajo una apariencia secularizada. En nombre del bien común, se implementan mecanismos de regulación y vigilancia que actúan sobre los cuerpos, los afectos y las formas de vida, situando al Estado como un “pastor laico” que protege, pero también normaliza. El bienestar prometido, entonces, se acompaña de dinámicas biopolíticas que buscan gestionar poblaciones y modelar comportamientos sociales.
Frente a este panorama, las espiritualidades populares y comunitarias en América Latina emergen como prácticas ético-políticas de resistencia. Más allá del culto, proponen formas alternativas de concebir la justicia, la reparación y el cuidado, preservando dimensiones relacionales y solidarias que el Estado no logra administrar: la reciprocidad, el vínculo afectivo y la dignidad intrínseca del otro. Lejos de ser expresiones residuales, estas espiritualidades interpelan los límites del poder estatal y cuestionan su monopolio sobre la verdad y la justicia. (Opinión del profesor Jorge Eliécer Martínez.)
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