Universidad de la Salle

De la mano de la sub oficina de ACNUR Mocoa, esta docente lasallista junto con dos trabajadoras sociales, pretenden mejorar las condiciones de la población víctima en cuanto a los planes de reubicación en el municipio debido a que no se han implementado hasta el momento.

La investigación pretendía revisar las implicaciones de legalizar 21 asentamientos de la población víctima, que equivale al 50% en dichos municipios y los avances que ha tenido la Unidad de Reparación de las víctimas con el apoyo del Alto Comisionado para la paz, la Gobernación de Putumayo y Opción Legal. Se encontró que actualmente los asentamientos que están legalizados son Nueva Esperanza, Porvenir y Quince de Mayo, Yaconas (carácter étnico), 267 predios con títulos y en proceso de legalización se encuentra Villa Rosa y Paraíso.

Por lo tanto, los resultados demostraron que los recursos con los que cuenta en ese momento el municipio, en lo que se refiere al ordenamiento, como es el impuesto predial, poseen una base catastral y predial desactualizada. Lo que conlleva a que el cubrimiento de las necesidades básicas sea muy bajo.

De acuerdo con Lida Buitrago, esta investigación le permitió conocer que, “al estar en inicio de reparación de víctimas, la Corte Constitucional evidenció que solo el 10% de las víctimas se encuentra reparada a nivel nacional. Por esto, la Corte Constitucional propone ampliar el plazo para 10 años, para que así se pueda avanzar en este proceso”. Recalca que las normas construidas desde una realidad nacional distan mucho de la realidad local.

Por lo anterior, con esta investigación esperan que se pueda seguir ampliando el espectro a nivel nacional para conocer otras realidades a partir del ordenamiento territorial. Al mismo tiempo que se articula con las comunidades desde la norma, implementación y seguimiento de los mismos.