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El pasado mes de enero se conoció un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que ubicó a Colombia como uno de los 18 países del mundo que se encuentran en un punto crítico en materia de seguridad alimentaria. Frente a esta situación, el Gobierno colombiano pidió la revisión y exclusión de esta lista argumentando los avances que se han generado para disminuir las brechas al respecto y mejorar los índices en los últimos años.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), considera que el informe de la FAO “es una advertencia de lo que podría suceder, pues la realidad en el país es que mientras la economía crece el empleo no se recupera, las condiciones del campo son difíciles para la producción de alimentos, los insumos se han encarecido de una manera exagerada y esto dificulta la producción, el acceso a insumos y convierte las cosechas inviables porque los campesinos no pueden trasladar ese valor al precio final”.
Para hacerle frente a la situación, Rendón hace énfasis en que “a través de la ciencia, la tecnología, el acompañamiento desde el conocimiento y la formación de los recursos humanos en el campo es donde empezaremos a fortalecer unas nuevas condiciones para el desarrollo productivo del sector rural. Claramente esto debe ir de la mano de políticas públicas en materia de tierras y educación, de garantizar las trayectorias educativas completas en la ruralidad y buenas condiciones de vida en el campo”.
Por su parte, Carlos Mario Ramírez Rave, director del programa de Trabajo Social, afirma que, “detrás de la falta de alimentos hay una carencia en las condiciones que necesita una persona para desarrollarse integralmente. Además, esta es una problemática que surge del empobrecimiento, escasez, desequilibrio, falta de políticas y una serie de elementos que terminan afectando las condiciones de salud, sociales y generando un alto nivel de deterioro emocional físico y psicológico en la sociedad colombiana