Universidad de la Salle

Alba Lucía Cruz (moderadora):

Buenos días para todos y todas quienes nos acompañan aquí, así como quienes nos están viendo en la transmisión en vivo. Esta conversación es, creo, pertinente para el país en este momento, y siento que las discusiones que recojamos en esta mesa desde la experiencia son fundamentales para pensar qué está pasando hoy en Colombia con el tema de las tierras.

Vamos a empezar, entonces, escuchando a nuestros panelistas sobre cuál sería, desde su perspectiva, un balance de estos 13 años de la Ley de Víctimas, y también de estos años transcurridos desde el Acuerdo de Paz, en relación con el proceso de tierras en Colombia. Piedad, si quieres, empezamos contigo.

Piedad Guzmán:

Un saludo especial; hubiese querido estar allá en la presencialidad, pero para eso está la tecnología. Quiero agradecer, como siempre, a la Universidad de La Salle por la invitación y por abrirnos estos espacios a las mujeres rurales, campesinas y de la pesca que somos.

Frente a la pregunta sobre el balance de estos 13 años, del tema de tierras y del proceso de paz, quiero decir, desde mi voz como mujer rural y campesina, que el balance que hoy hacemos es un poco doloroso y está lleno de promesas incumplidas. El gobierno del cambio tenía un plan de desarrollo ambicioso para nosotras, muy articulado con la territorialidad, pero nos quedamos solo en eso: en un documento. El acceso a la tierra para las mujeres rurales y campesinas sigue siendo limitado, y seguimos sembrando en tierra alquilada o prestada.

Nos prometieron un fondo de tierras con 3.000.000 de hectáreas. Desde el espacio donde represento a las mujeres, siempre hemos preguntado: ¿dónde están esas tierras? ¿Quiénes las tienen? ¿Por qué las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes seguimos esperando? Aunque muchas fuimos líderes por la paz, seguimos siendo excluidas de los procesos de restitución, del acceso a crédito y de la titulación.

Además, hay que hablar de la violencia, que no se ha ido del campo; al contrario, se ha intensificado. Las amenazas, los desplazamientos y los asesinatos de líderes rurales continúan. Les hago esta pregunta a todos ustedes, tanto en la presencialidad como en la virtualidad: ¿de qué sirve hablar de paz si no podemos vivir seguras en nuestros propios territorios? Y lo más grave es que el campo no se transforma solo con discursos: se transforma con tierra, con agua, con vías, con escuelas, con apoyo técnico y con acceso a mercados. Nada de eso ha llegado como se prometió. Lo dejo ahí, muchas gracias.

Alba Lucía Cruz:

César, creo que en varias partes te corresponde esta pregunta, en el sentido de que tú estás del lado del gobierno y tienes mucho que ver con estos temas. ¿Cuál sería tu balance?

César Santoyo:

En primer lugar, un saludo. Es muy grato estar en un espacio académico para hablar de tierras, territorialidades y paz, porque es, en efecto, uno de los ejercicios que mayor reflexión merece en la etapa actual. Sin ánimo de defender a ultranza al gobierno, hay una serie de condiciones administrativas y de gestión que arrastran un rezago histórico que es necesario visibilizar.

No hablamos únicamente de lo contemplado en el último Plan de Desarrollo, porque el ajuste fiscal que tuvimos que asumir en el último año y medio tiene que ver con una serie de compromisos de crédito internacional adquiridos por el gobierno anterior, que definitivamente marcaron una contracción en la disponibilidad de recursos para la política pública, sobre todo la social. Esto no afecta solamente el tema de tierras, sino el conjunto de la administración del Estado colombiano, que es sumamente compleja, tanto por la cantidad de normas como por la forma en que el Estado asume estos retos y rezagos.

En el caso de las 3.000.000 de hectáreas que menciona la doctora, hay que reconocer que se ha avanzado gracias a una decisión que ha tomado el sector agricultura, junto con la Agencia Nacional de Tierras. En mi caso, como inspector de gestión de tierras, me corresponde velar porque la transparencia y la probidad en el ejercicio público de los recursos tengan un alcance directo para las personas interesadas en la reforma agraria.

Una primera gran verdad es que hemos tenido que gestionar fondos, como el de reparación, que históricamente no se habían tocado. Ayer mismo, en el Consejo de Ministros, tanto la señora ministra como el director de la Agencia recordaron cuántas hectáreas de tierra se habían perdido en medio del papeleo que implica administrar un fondo de reparación que viene, históricamente, desde la Ley 975, pasando por la Ley 1448 de 2011.

En ese mismo sentido, existía un rezago en el manejo de activos especiales un fondo que debía administrar de manera especial los predios, bienes muebles e inmuebles y recursos capturados a través de procesos judiciales a distintas estructuras criminales. No hablamos solamente del narcotráfico, sino también de otras economías ilegales, como el contrabando, que en algunos casos fue favorecido por esquemas de poder dentro de entidades como la DIAN, donde durante años hubo más ficción que gestión responsable en el manejo y catalogación de los recursos y las rentas.

Esto afectó, sin duda, la disposición de recursos para la reforma agraria integral. Hoy tenemos una deuda histórica con el Acuerdo Final y con el Plan de Desarrollo, en el sentido de que los recursos no alcanzan para todo, pero hay una directriz que ha sido muy potente en el contexto nacional. Yo mismo he sido testigo de primera mano, por mi relación con organizaciones sociales, campesinas, étnicas y comunitarias, del trabajo que se ha adelantado en este sentido.

Aunque el balance pueda ser crítico, hay que reconocer que existen externalidades que matizan esta lectura. Tomar decisiones en la administración pública implica saber que los recursos son absolutamente escasos. Y si este es el marco de acción para tomar decisiones de política pública que superen el rezago y ayuden a redistribuir la tierra, hoy tenemos que el 65% de la tierra cultivable y fértil del país está en manos del 1% de los propietarios. Esto es un desbalance enorme; tenemos un índice GINI que la propia ministra reportaba ayer de 0,89, lo cual es escandaloso desde la perspectiva de la concentración, no solo de la tierra, sino de la riqueza. Esto implica que debamos hacer un examen de país, porque redistribuir tierra también implica redistribuir los factores de producción asociados a ella.

No podríamos entregar tierra en grandes cantidades si factores productivos como el crédito siguen capturados por ciertas élites o segmentos de la población, sin permitir el reconocimiento pleno del campesinado de base ni de las mujeres rurales. Hoy existe una política pública que reconoce esto de manera importante. De hecho, durante este mes de la madre hicimos varias entregas formales de títulos, tanto de formalización como de adjudicación, a mujeres rurales en distintas zonas del país, y se vienen más.

Como nos ha enseñado el movimiento de mujeres: lo que se nombra, existe. Hoy tenemos a las mujeres rurales, y quiero cerrar con esto: este gobierno se dio a la tarea, durante la formulación de la reforma agraria de 2023, de incorporar al campesinado en toda su complejidad, desde todas las perspectivas y roles incluyendo los roles de génerocomo sujeto de especial protección constitucional.

Esto nos permite establecer un reto de largo plazo, para que la incorporación de todos los sectores de la administración pública, alrededor de ese respeto y esa protección constitucional, se traduzca en acciones concretas para el campo colombiano.

No es lo mismo hablar de circuitos cortos de comercialización desde una perspectiva de "vaya y busque un crédito" que hacerlo desde una construcción que actualice al país en su conjunto. Aquí no estamos hablando de hacer, en dos o tres años, todas las reformas que se necesitan y mucho menos con lo que está pasando actualmente en el Congreso de la República, que no facilita el cambio organizacional e institucional que necesitamos.

El INCODER y el rezago que dejó, y que luego heredó la ANT (Agencia Nacional de Tierras), es parte integral de este panorama. De hecho, gracias a ese cambio institucional entre el INCODER y la ANT fue que se construyó una oficina propiamente dedicada a inspeccionar la gestión de tierras en Colombia. Esto nos permite afirmar que hay una lucha directa contra la desigualdad, por la justicia social y por la redistribución de la tierra en Colombia.

Alba Lucía Cruz:

Ricardo, tu balance. Digamos que tú estás en un lugar intermedio entre la voz de las comunidades y la mirada del Estado, desde la reflexión académica. ¿Cómo lo lees?

Ricardo Sánchez:

Primero, un saludo a Piedad, y qué bueno tenerla hoy aquí, en la Universidad de La Salle es un placer. Igualmente, César, qué maravilla que nos acompañes; por favor, sigamos contando con tu presencia en distintos escenarios académicos, porque los necesitamos. La universidad está de cara a la realidad del país, con las puertas abiertas, para construir tanto esta realidad que se está transformando como las reflexiones y el conocimiento que se genera a partir de ella, para las futuras generaciones. Esto es clave para nosotros, y por eso abrimos estos espacios; agradecemos la presencia de todos ustedes.

También quiero mencionar el hecho histórico de que hoy estamos en medio de un paro nacional. Hay un reclamo legítimo por parte de los trabajadores, algunos en las calles y otros en sus casas, conscientes o node este momento histórico. ¿Qué significa la restitución de los derechos de los trabajadores? Todos los que estamos aquí somos trabajadores, y exigimos garantías para nuestra labor como generadores de riqueza, así como condiciones justas, acordes con el derecho internacional.

Entrando en el tema del balance, veo dos perspectivas en este panel: por un lado, sí ha habido avances; por otro, también ha habido muchas promesas incumplidas.

Las razones detrás de esos incumplimientos tienen que ver, en parte, con la factibilidad material de cumplir esas expectativas. Veníamos de una estructura de Estado, de unas instituciones constituidas en favor de intereses particulares que, como bien dice César, hoy se traducen en altos niveles de concentración de la riqueza y de la producción, donde el campesinado en general ha sido relegado y disminuido en sus capacidades y oportunidades.

En ese sentido, retroceder en la historia hacia condiciones de mayor participación paradójicamente, hubo momentos con mayor participación en términos de tierra y trabajo no es sencillo. Con las políticas neoliberales ha habido una afectación en la tenencia de la tierra y en las condiciones laborales, y revertir eso no es fácil. Que llegue un gobierno como el del Pacto Histórico, con Gustavo Petro, y que se tenga la esperanza de avanzar hacia mayor equidad, no ha sido ni podía ser un proceso sencillo.

¿Por qué? Porque todas las instituciones han sido constituidas dentro de este marco de política neoliberal. Y las instituciones no son ladrillos ni papeles: son personas, son sujetos. Muchos funcionarios públicos han sido formados, durante 30 años, dentro de esta forma de pensamiento, y no solo las personas, sino también los procesos y procedimientos internos de cada ministerio y dirección responden a esa misma lógica.

Esto hace que los procesos que implican una desconcentración de la tenencia de la tierra no sean sencillos: la separación de los procesos territoriales, los procedimientos, los documentos que hay que diligenciar, los frenos a ciertas políticas y leyes en su parte procedimental, hacen, por ejemplo, que la Agencia Nacional de Tierras tenga una enorme distancia frente al nivel central para la compra, venta y restitución de tierras. Las dinámicas territoriales juegan aquí un papel importante, porque un cambio institucional de esta magnitud en cuatro años tiempo récord simplemente no ocurre. Y no ocurrió.

Sin embargo, César menciona que ha habido algunos avances. Me gustaría escuchar, de parte de la institución, cuáles han sido esos avances concretos en términos de compra de tierras, de dación en pago, de la reforma rural. Me gustaría conocer esos datos yo los tengo, pero me parece más interesante que los comparta un representante del gobierno, porque sí hay avances importantes que reconocer, a pesar de todas las dificultades del cambio institucional.

Quiero dejar claro, para todos los que nos escuchan, que estos cambios institucionales no se dan en un solo gobierno ni en cuatro años. Estamos hablando de cambios de pensamiento, de relaciones, de estrategias, de negocios, de acuerdos, de instrumentos, que implican enormes retos frente a la celeridad con la que se esperan cumplir las promesas y los objetivos del Plan de Desarrollo.

Sí, creo en lo que plantea Piedad: estamos en deuda. El gobierno está en deuda. Pero también creo que el gobierno nunca fue ingenuo: sabía, desde el principio, que iba a estar en deuda, porque estos cambios implican transformaciones profundas que no se logran en un solo periodo de gobierno.

Alba Lucía Cruz:

Hay varios asuntos aquí que podemos conectar con la siguiente pregunta. Una de las promesas de este gobierno es la idea de la "paz total", y ustedes ponen en tensión ese rezago histórico que existe alrededor de todo el proceso de tierras en Colombia: la distribución, el retorno, y todos los procesos que vienen tanto del conflicto armado como, históricamente, de las desigualdades estructurales en Colombia algo muy difícil de reparar en cuatro años, sumado a lo que menciona el profesor sobre cómo las instituciones también deberían transformarse, hacia otra lógica institucional coherente con el tipo de gobierno que se quiere construir.

La conversación plantea diferentes perspectivas sobre los retos relacionados con la tierra, las territorialidades, la reforma agraria, los derechos de las comunidades rurales y las transformaciones institucionales necesarias para avanzar en la construcción de paz territorial.

La discusión reúne las voces de las comunidades rurales, la institucionalidad y la academia, poniendo en el centro asuntos como la distribución de la tierra, el reconocimiento del campesinado, la participación de las mujeres rurales, la justicia social y las condiciones necesarias para construir procesos sostenibles en los territorios.