Cada 20 de julio se instala un nuevo periodo legislativo en el Congreso colombiano. Este año, el presidente Gustavo Petro debe establecer nuevas prioridades y conseguir el apoyo político necesario para aprobar sus proyectos pendientes.
Para entender qué viene para el país en esta materia, hablamos con el doctor Gerardo Botero Zuluaga, director del Departamento de Estudios Políticos y Jurídicos de la Universidad de la Salle y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
"El Gobierno quiere sacar adelante las iniciativas que se quedaron a mitad del camino, se represaron o se hundieron en el pasado y para eso debe trabajar en las relaciones armónicas con el Congreso porque actualmente, con los parlamentarios que no son de su partido, el relacionamiento es bastante precario y frágil", explicó.
Reformas por venir
Aunque la reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud sufrió múltiples tropiezos en la anterior legislatura y terminó archivada, para el doctor Botero, el Gobierno volverá a intentar sacarla adelante. Igual pasará con la reforma a la educación, que terminó hundida a última hora por las presiones de los profesores.
“Lo más seguro es que se intente la presentación de un nuevo proyecto que colme las expectativas y requerimientos de los diferentes sectores que antes presionaron su fracaso”, opina Botero.
Además, el exmagistrado explica que la reforma laboral ya cumplió su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara y debe continuar su curso en esta nueva legislatura: “se deben construir importantes consensos entre trabajadores, empleadores y los distintos sectores económicos para lograr mayorías y su aprobación”.
En cuanto a la reforma pensional, si bien fue aprobada un día antes de terminar la anterior legislatura, se han anunciado demandas por vicios en su trámite. Botero recuerda que “existen cuestionamientos de fondo como su impacto fiscal y la manera en la que aprobó a ’pupitrazo’, por lo que expertos vaticinan que la Corte Constitucional podría declarar inexequible esa ley”.
Reforma agraria, la bandera del Gobierno
El presidente Petro llamó a los campesinos a movilizarse este 20 de julio para que apoyen su reforma agraria.
Aunque en la anterior legislatura se aprobó la ley estatutaria en la que se creó la jurisdicción rural y agraria en cumplimiento con el acuerdo de paz, se espera que ahora el gobierno pueda cumplir una de sus principales promesas de campaña.
Para Botero “se pretende que estas leyes sirvan para eliminar las barreras de acceso que enfrenta el campesinado para acceder a la justicia y defender sus derechos, así como impulsar proyectos de ley en los que se ofrezcan condiciones de bienestar a la población rural y la construcción de planes productivos agropecuarios”.
Constituyente, la manzana de la discordia
Desde marzo, el país se encuentra en un debate sobre una incierta propuesta presidencial de convocar a una constituyente. El recién nombrado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que buscará una “por las vías de la Constitución de 1991”. ¿Esto es posible?
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Para el director del Departamento de Estudios Políticos y Jurídicos de la Universidad de la Salle, “nuestra carta magna prevé un trámite dispendioso y complejo para reformarla, que tardaría aproximadamente dos años y que fue diseñado así, con el propósito de que no esté expuesta a los vaivenes de intereses partidistas (...) o transformaciones radicales”.
En ese sentido, Botero no ve viable que el gobierno se desgaste en un trámite tan largo e incierto, menos aún con las precarias relaciones que tiene con el Congreso y su baja popularidad.
Precisamente existe una gran expectativa por lo que pueda anunciar el presidente este 20 de julio en esa materia: “podría convocar por decreto a una Asamblea Nacional Constituyente al amparo de los acuerdos de paz, omitiendo el trámite, pero a mi juicio eso no es viable jurídicamente”, puntualizó.
También podría decretar un estado de emergencia al amparo del art. 215 de la Constitución, pero los decretos que emita deben pasar por el control de la Corte Constitucional y acudir a la figura del ‘fast track’. “Es complejo de materializar porque se requiere de un nuevo acto legislativo donde se implemente y el trámite exige que se haga en dos legislaturas y con la aprobación del Congreso”, donde por el momento no tiene mayorías claras.
